Prisión preventiva: procedimiento, condiciones y límites
La prisión preventiva es la medida preventiva más drástica prevista en el Código de Procedimiento Penal. Su finalidad es garantizar el buen desarrollo del proceso penal, impedir que el sospechoso o el acusado se sustraiga de la investigación penal o, en el caso del acusado, también del juicio. Estas medidas tienen también por objeto prevenir la comisión de un nuevo delito. Las medidas preventivas previstas en el actual Código de Procedimiento Penal son: la detención, la libertad vigilada, la libertad vigilada bajo fianza, el arresto domiciliario y la prisión preventiva. A excepción de la detención, que también puede imponerse a un sospechoso, todas las demás medidas preventivas se aplican únicamente al acusado.
La prisión preventiva es una medida excepcional, mediante la cual los órganos judiciales ordenan la privación de libertad del acusado durante un período de tiempo determinado. Además del objetivo general de las medidas preventivas, la prisión preventiva tiene también un objetivo específico, a saber: la necesidad de eliminar el peligro para el orden público, tal y como establece el artículo 223, apartado (2), del Código de Procedimiento Penal.
¿Cuáles son los requisitos para dictar la prisión preventiva?
La medida de prisión preventiva, de conformidad con el artículo 223, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal, puede dictarse solo si de las pruebas se desprende una sospecha razonable de que el acusado ha cometido un delito y concurre alguna de las siguientes situaciones:
- el acusado haya huido o se haya ocultado con el fin de eludir la investigación penal o el juicio, o haya realizado preparativos de cualquier tipo para tales actos;
- el acusado intente influir en otro participante en la comisión del delito, en un testigo o en un perito, o intente destruir, alterar, ocultar o sustraer pruebas materiales, o incite a otra persona a actuar de ese modo;
- el acusado ejerza presiones sobre la persona perjudicada o intente llegar a un acuerdo fraudulento con ella;
- exista una sospecha razonable de que, tras la incoación de la acción penal en su contra, el acusado haya cometido intencionadamente un nuevo delito o se esté preparando para cometerlo.
Además, la medida «puede dictarse también si, de las pruebas, se desprenda una sospecha razonable de que el imputado ha cometido un delito doloso contra la vida, un delito que haya causado lesiones o la muerte a una persona, un delito contra la seguridad nacional previsto en el Código Penal y otras leyes especiales, un delito de tráfico de drogas, un delito contra el régimen de sustancias dopantes, de realización de operaciones ilegales con precursores u otros productos susceptibles de tener efectos psicoactivos, un delito relacionado con el incumplimiento de la normativa sobre armas, municiones, materiales nucleares, materias explosivas y precursores de explosivos restringidos, la trata y la explotación de personas vulnerables, actos de terrorismo, blanqueo de capitales, falsificación de moneda, sellos u otros valores, el chantaje, la violación, la privación ilegal de libertad, la evasión fiscal, la injuria, la desobediencia judicial, un delito de corrupción, un delito cometido mediante sistemas informáticos o medios de comunicación electrónicos», de conformidad con el artículo 223, apartado 2, primera frase, del Código de Procedimiento Penal.
La prisión preventiva también puede dictarse incluso en el caso de que el acusado haya cometido otro delito por el que la ley prevea una pena de prisión de 5 años o más, y sobre la base de la evaluación de la gravedad del hecho, del modo y de las circunstancias en que se cometió, de su entorno y el medio del que procede, de sus antecedentes penales y de otras circunstancias relativas a su persona, y se constate que su privación de libertad es necesaria para eliminar una situación de peligro para el orden público, tal y como se desprende del artículo 223, apartado 2, párrafo II, del Código de Procedimiento Penal.
Cabe señalar que las medidas preventivas no se dictan de forma obligatoria, sino que tienen carácter facultativo y queda a discreción de los órganos penales decidir si dictan o proponen la adopción de alguna de estas medidas. Para poder dictar la prisión preventiva es necesario realizar una prueba de proporcionalidad, ya que esta medida vulnera el derecho a la libertad de quien ha cometido un hecho tipificado en la ley penal. Por este motivo, los órganos judiciales deben actuar con la máxima cautela a la hora de ordenar una medida de este tipo y analizar con detenimiento las propuestas de prisión preventiva. Esta medida drástica solo debe dictarse cuando los objetivos que persigue no puedan alcanzarse mediante el arresto domiciliario u otras medidas no privativas de libertad. De ahí se deriva también el carácter excepcional de la medida de prisión preventiva.
¿Quién ordena la medida de prisión preventiva?
La medida de prisión preventiva puede dictarse tanto durante la instrucción como en la fase de vista preliminar o de juicio. En función del momento en que sea necesario adoptarla, esta medida preventiva se dicta de forma diferente. Durante la instrucción, la medida la dicta el juez de derechos y libertades del tribunal que tendría competencia para juzgar el asunto en primera instancia. En el procedimiento de la sala de instrucción, la dicta el juez de la sala de instrucción, y en la fase de juicio, el juez encargado de resolver la causa. Estas medidas se dictan mediante auto motivado emitido en sala de deliberación, durante la instrucción y el procedimiento de la sala de instrucción, y durante el juicio, el tribunal se pronuncia también mediante auto motivado, ya sea en sesión pública o en sala de deliberación, según varíe de un caso a otro.
¿Durante cuánto tiempo puede dictarse la medida de prisión preventiva?
La medida de la prisión preventiva puede dictarse durante la instrucción por un período máximo de 30 días. El plazo comienza a contar a partir de la fecha en que se ejecuta la medida. Esta solo podrá prorrogarse si persisten los motivos que dieron lugar a la adopción de dicha medida o si han surgido otros nuevos que justifiquen la prórroga de la prisión preventiva. Para prorrogar la medida, debe existir una propuesta motivada de prórroga por parte del fiscal que lleva a cabo o supervisa la instrucción penal, y es necesaria una nueva resolución del juez de derechos y libertades. La prórroga abarca un período máximo de 30 días. Durante la instrucción pueden dictarse varias prórrogas sucesivas, cada una de ellas por un período máximo de 30 días, pero el plazo máximo acumulado no puede superar los 180 días.
Durante la fase de instrucción y en la fase de juicio, a diferencia de lo que ocurre en la fase de investigación penal, puede dictarse la medida de prisión preventiva y de oficio. Al igual que durante la instrucción, la medida se ordena por un período máximo de 30 días. Durante la fase de instrucción, el juez de instrucción preliminar comprueba periódicamente, pero a más tardar en un plazo de 30 días, comprobará si persisten los motivos que determinaron la adopción de la medida y, si estos siguen existiendo, mantendrá la medida. Durante el juicio, el procedimiento es similar, , aunque la verificación debe realizarse en un plazo máximo de 60 días. La duración total de la medida durante el proceso judicial no podrá ser superior a la mitad de la pena máxima especial prevista por la ley para el delito objeto de la denuncia e independientemente de la pena prevista para dicho delito, la prisión preventiva en primera instancia no puede exceder los 5 años. Es importante tener en cuenta que, si la persona en prisión preventiva ha sido condenada a una pena de prisión, el tiempo que haya pasado en prisión preventiva se deducirá del tiempo que le quede por cumplir.
¿Cuál es el procedimiento de prisión preventiva y las vías de recurso?
Tras analizar los requisitos previstos por la ley, expuestos en el primer punto, el fiscal elabora una propuesta motivada para la adopción de la medida de prisión preventiva contra el imputado e indica el fundamento jurídico de la necesidad de dictar dicha medida. Este remite el expediente del caso, junto con la propuesta, al juez de derechos y libertades del tribunal competente para juzgar el caso en primera instancia. Este último fija el plazo para resolver la propuesta de prisión preventiva.
Si el acusado se encuentra en estado de detención, el plazo para resolver la solicitud de prisión preventiva deberá fijarse antes de que expire el período de detención. La fecha y la hora se comunicarán al fiscal, quien tiene la obligación de garantizar la presencia del acusado en la fecha fijada. Se notificará al abogado del acusado la fecha y la hora en que tendrá lugar la resolución de la solicitud, y este tendrá derecho a examinar el expediente del caso.
Si el acusado se encuentra en libertad, se le citará para que comparezca en la resolución del caso. Su comparecencia es obligatoria, salvo en los casos en que se sustraiga a la investigación penal, falte sin justificación, se encuentre desaparecido o, debido a su estado de salud, a causas de fuerza mayor o a una situación de necesidad, no pueda comparecer o no pueda ser llevado ante el juez.
La presencia del fiscal es obligatoria, y la asistencia jurídica del acusado también lo es, ya sea a través de un abogado elegido por él o de un abogado de oficio. El juez de derechos y libertades oirá al acusado presente sobre los hechos que se le imputan y sobre los motivos en los que se basa la propuesta de prisión preventiva. Antes de la vista, se debe informar al acusado de que tiene derecho a no prestar declaración alguna y de que todo lo que declare podrá ser utilizado en su contra.
Si el juez de derechos y libertades considera que se cumplen las condiciones para la prisión preventiva, admitirá la propuesta y ordenará la prisión preventiva del acusado mediante un auto motivado. Si considera que no se cumplen las condiciones para la prisión preventiva, desestimará la propuesta mediante un auto motivado, ordenará la puesta en libertad del acusado detenido o podrá ordenar otra medida preventiva, si se cumplen los requisitos legales de dicha medida.
Si se ha dictado la prisión preventiva, se informará al acusado de ello en un idioma que comprenda. Se informará al acusado de sus derechos, así como de que puede notificar a un familiar o a otra persona designada por él personalmente la imposición de la medida, y de que tiene derecho a asistencia médica de urgencia, el derecho a impugnar la medida y el derecho a solicitar su revocación o su sustitución por otra.
La impugnación podrá interponerse, según el caso, en un plazo de 48 horas a partir de la emisión de la resolución o de su notificación, y se presentará ante el juez de derechos y libertades que haya dictado la medida. El recurso será resuelto por el juez de derechos y libertades del tribunal de instancia superior. El recurso no suspende la ejecución de la medida y se resolverá en un plazo de 5 días a partir de su registro, previa citación del imputado. La resolución del recurso se llevará a cabo en las mismas condiciones que la resolución de la propuesta de prisión preventiva. La resolución sobre el recurso puede ser de desestimación, en cuyo caso se mantiene la medida de prisión preventiva, o de estimación, en cuyo caso se ordenará la desestimación de la propuesta de prisión preventiva o la sustitución de dicha medida por otra.
Durante la fase de instrucción o durante el juicio, la situación es similar, con la única diferencia de que los jueces pueden ordenar la prisión preventiva de oficio, y los recursos son resueltos por un juez de instrucción de la instancia jerárquicamente superior, en el procedimiento de instrucción, y, en el caso del juicio, por la instancia jerárquicamente superior.
¿Quién ejecuta la medida de prisión preventiva?
Sobre la base del auto por el que se ordenó la prisión preventiva, el juez de derechos y libertades del tribunal al que le correspondería resolver el asunto en primera instancia o del tribunal superior, según el caso, dicta la orden de prisión preventiva. Si la prisión preventiva se ha ordenado en el procedimiento de la sala de instrucción, la orden de detención la dicta el juez de la sala de instrucción, y durante el juicio, el presidente del tribunal.
Si la orden se ha dictado tras haber sido oído el acusado, se le entregará a este un ejemplar, y otro ejemplar se entregará al órgano policial. Si la orden se emite en ausencia del acusado, se remitirán dos copias de la misma a los cuerpos de policía del domicilio o residencia del acusado para su ejecución. Las fuerzas de policía procederán a la detención de la persona indicada en la orden, a la que le entregarán una copia de la misma, tras lo cual la conducirán, en un plazo máximo de 24 horas, ante el juez que haya ordenado la prisión preventiva. Para ejecutar la orden de detención preventiva, las fuerzas policiales podrán entrar en el domicilio de una persona física, sin su consentimiento, o en la sede de una persona jurídica, sin el consentimiento de su representante legal, si existe una sospecha razonable de que la persona buscada se encuentra allí.
El juez o el tribunal que haya dictado la medida procederá a la audiencia del acusado en presencia de su abogado y con la participación obligatoria del fiscal. Tras analizar las declaraciones del acusado, las pruebas presentadas y las conclusiones del fiscal, se dictará, mediante resolución motivada, la confirmación de la medida y la ejecución de la orden de detención o la revocación de la prisión preventiva. Si se confirma la medida preventiva, se procederá al traslado del acusado a un centro de detención.
¿Cuál es el estándar mínimo exigido por el TEDH?
El Convenio Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, el CEDH) establece un nivel mínimo que deben respetar los Estados signatarios. Rumanía, al haber ratificado el Convenio en 2003, tiene la obligación de respetar los derechos y libertades fundamentales que este establece. El artículo 5, apartado 1, letras b) y c), del CEDH establece que: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo en los siguientes casos y de conformidad con las vías legales:
[…]
b. si ha sido objeto de una detención o prisión legal por incumplimiento de una resolución dictada por un tribunal, de conformidad con la ley, o con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación prevista por la ley;
c. si ha sido detenido o retenido con el fin de ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, cuando existan motivos fundados para sospechar que ha cometido un delito o cuando existan razones de peso para impedir que cometa un delito o que se fugue tras haberlo cometido»
A continuación, el artículo 5 del CEDH establece las normas para la aplicación del procedimiento de prisión preventiva, a saber:
«2. Toda persona detenida deberá ser informada, lo antes posible y en un idioma que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación que se le impute.
3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en la letra c) del apartado 1 del presente artículo deberá ser puesta de inmediato ante un juez u otro magistrado facultado por la ley con el ejercicio de las funciones judiciales y tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede supeditarse a una fianza que garantice la comparecencia de la persona en cuestión en la vista.
4. Toda persona privada de libertad mediante detención o prisión tiene derecho a recurrir ante un tribunal para que este se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si la detención es ilegal.
5. Toda persona que haya sido objeto de una detención o prisión en condiciones contrarias a lo dispuesto en el presente artículo tiene derecho a una reparación».
Los Estados miembros tienen la obligación de respetar esta norma mínima de protección del derecho a la libertad de toda persona. Este derecho se respeta mediante la regulación de la institución de la prisión preventiva, de modo que ofrezca a los ciudadanos una protección al menos equivalente a la prevista en el CEDH. Además, las autoridades tienen la obligación de respetar esta norma en el momento en que decidan aplicar la medida de la prisión preventiva.
¿Cuál es la jurisprudencia del TEDH relevante en materia de prisión preventiva?
Lamentablemente, en más de una ocasión Rumanía ha tenido que comparecer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para rendir cuentas por la violación del artículo anteriormente citado. En algunos casos, las autoridades prolongan injustificadamente el período de prisión preventiva, vulnerando así el derecho a la libertad de la persona. En su jurisprudencia, el Tribunal de Estrasburgo ha sostenido: «Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal estima que, al no haber abordado los hechos específicos del caso ni haber tenido en cuenta «medidas preventivas» alternativas, las autoridades prolongaron la detención del demandante por motivos que, aunque son «relevantes», no pueden considerarse «suficientes» para mantener al demandante en prisión preventiva durante dos años y cuatro meses. Se señala que la prisión preventiva del demandante fue de una duración irrazonable...» 1
Por lo tanto, Un acusado no puede permanecer en prisión preventiva durante un período excesivamente largo, ya que de este modo se vulnera el principio que establece la razonabilidad de la duración de la prisión preventiva. Además, si la prisión preventiva no está justificada, las autoridades deben optar por adoptar otras medidas preventivas menos severas. Teniendo en cuenta que se trata de una medida excepcional, deben cumplirse varias condiciones tanto para ordenarla como para prorrogarla. En caso de que su prórroga no esté justificada, se producen graves vulneraciones de los derechos fundamentales del ser humano, en particular del derecho a la libertad y a la seguridad garantizado por el artículo 5 del CEDH.
En otro asunto contra Rumanía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó: «El Tribunal destaca que de las resoluciones pertinentes se desprende que, al igual que en el caso mencionado, los tribunales nacionales no aportaron motivos concretos para sustentar el argumento del «peligro para el orden público» ni para justificar, con arreglo al artículo 148, letra h), del Código de Procedimiento Penal, la necesidad de mantener a la demandante en prisión preventiva, mientras que la jurisprudencia nacional había precisado, sin embargo, los criterios y elementos que deben tenerse en cuenta en el marco de tal examen y que el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal exigía a los tribunales que expusieran motivos al respecto. En esencia, los tribunales se limitaron a reproducir el texto de dicho artículo de forma estereotipada». 2 Por lo tanto, las resoluciones mediante las cuales los tribunales dictan medidas de prisión preventiva deben estar debidamente motivadas, y cada motivación debe referirse al caso concreto que se está resolviendo.
En otras situaciones, la defensa de los acusados no está garantizada de manera efectiva en el procedimiento de prisión preventiva. A menudo se asigna a los acusados un abogado de oficio al que se le comunica con poca antelación que va a prestar asistencia jurídica en ese caso, lo que impide a dicho abogado estudiar el expediente del caso y preparar una defensa adecuada. En el asunto Catană contra Rumanía, 3 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón al demandante porque «Las autoridades no cumplieron con su obligación de garantizar al demandante una participación adecuada y una defensa efectiva durante el procedimiento». 4 El demandante se vio privado de una defensa adecuada, ya que se le asignó un abogado de oficio, muy probablemente uno de los presentes en la sala, que evidentemente no tuvo la posibilidad física de llevar a cabo una defensa adecuada.
Estos son solo algunos ejemplos en los que se ha vulnerado el derecho a la libertad de la persona al no respetarse el estándar mínimo exigido por el TEDH. Lamentablemente, existen muchos más casos similares a los presentados anteriormente que han sido o siguen siendo objeto de examen por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que la prisión preventiva ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los justiciables.
Es muy importante tener en cuenta que la prisión preventiva es una medida excepcional, que solo debe adoptarse en aquellas situaciones en las que ninguna de las demás medidas preventivas resultaría suficiente. Esta medida debe dictarse por un período razonable y no puede prorrogarse indefinidamente, ya que ello supone una violación del propio derecho a la libertad de la persona. Por este motivo, el TEDH establece un nivel mínimo de protección que los Estados signatarios del Convenio, como es el caso de Rumanía, deben cumplir cuando aplican dicha medida. De lo contrario, una vez agotadas todas las vías de recurso internas, los justiciables que se consideren perjudicados tienen la posibilidad de demandar al Estado ante el Tribunal de Estrasburgo por la violación de sus derechos fundamentales.
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1 Leontin Pop contra Rumanía, n.º de demanda 1956/06, 1 de octubre de 2013, párr. 49.
2 Daniela Tarău contra Rumanía, n.º de demanda 3584/02, 24 de febrero de 2009, párr. 50.
3 Catană contra Rumanía, n.º de demanda 10473/05, 29 de enero de 2013.
4 Ibídem, párr. 49.