La evasión fiscal: la presunción de culpabilidad
Desde el 16 de mayo de 2024 entraron en vigor las modificaciones introducidas por la Ley n.º 126/2024, relativa a determinadas medidas para reforzar la capacidad de lucha contra la evasión fiscal, mediante la cual se regulan una serie de nuevos delitos. Asimismo, introduce modificaciones relacionadas con los casos especiales de exención de la pena (los casos en los que una persona que ha cometido un delito no es sancionada) para los perjuicios por debajo del umbral establecido por la ley, que ahora se ha elevado de 100 000 euros a 1 000 000 de euros.
Una novedad es la introducción de un motivo de exención de la pena que confiere a las autoridades fiscales competencias que antes estaban reservadas a los órganos judiciales. Según la nueva redacción del artículo 10, apartado (1), de la Ley n.º 241/2005, modificada por la Ley n.º 126/2024, en el caso de los delitos de evasión fiscal, no se impondrá la pena si el perjuicio es inferior a 1 000 000 de euros y el contribuyente abona íntegramente el perjuicio, incrementado en un 15 %, así como los intereses y las sanciones correspondientes, en el plazo de «en un plazo máximo de 30 días desde la finalización de la inspección realizada por los órganos competentes, tras la cual se determine un perjuicio causado al presupuesto general consolidado». En este sentido, los órganos competentes son las autoridades fiscales, que ya no remitirán el caso a los órganos de instrucción penal en relación con dicho delito, siempre que el contribuyente acepte los hechos que se le imputan y cubra íntegramente el perjuicio con los recargos e intereses correspondientes.
No obstante, las nuevas disposiciones en materia de evasión fiscal no se ajustan a lo establecido en el Código de Procedimiento Fiscal, en el sentido de que el artículo 132 establece que el perjuicio determinado a raíz de una inspección fiscal basada en sospechas de evasión fiscal se hace constar en el acta de denuncia ante los órganos de instrucción penal. En estas circunstancias, el contribuyente tiene la posibilidad de abonar estas cantidades y, posteriormente, en función del resultado de la investigación penal y del proceso penal, recuperarlas.
¿Cuáles son las opciones de los contribuyentes?
En el marco de la nueva normativa, si la persona afectada compensa el perjuicio con los recargos y sanciones correspondientes, las autoridades fiscales ya no remitirán el caso a las autoridades penales, por lo tanto, contrariamente a lo establecido anteriormente, el contribuyente ya no podrá recuperar dichas cantidades, ya que no podrá demostrar su inocencia.
Esta conclusión resulta evidente en el caso de la inspección fiscal, la inspección sin previo aviso, la comprobación de la situación fiscal personal y la comprobación documental, ya que, según el Código de Procedimiento Fiscal, las autoridades fiscales están obligadas a poner en conocimiento de los órganos penales los posibles delitos. En la práctica, si la autoridad fiscal detecta indicios de evasión fiscal, debe levantar un acta de denuncia ante los órganos penales y suspender la inspección. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley n.º 126/2024, la obligación de remitir el caso a los órganos de investigación penal debería «aplazarse» hasta que expire el plazo de 30 días, durante el cual el contribuyente puede abonar el perjuicio, incrementado en un 15 %, así como los intereses y las sanciones correspondientes. Estas dos disposiciones legales son contradictorias, lo que dará lugar a un bloqueo procesal, ya que, si la actuación de control cesa, no se cumple la condición para la aplicación de la causa de exención de la sanción, a saber, «la finalización de la inspección realizada por los órganos competentes, a raíz de la cual se determine un perjuicio adeudado al presupuesto general consolidado».
En el caso de la inspección antifraude, cuando existen indicios de delito, los inspectores antifraude están obligados a ponerlo en conocimiento de los órganos de instrucción penal mediante el acta redactada al finalizar la inspección. En este acta se especifica efectivamente el perjuicio, pero sin que se haya dictado una resolución de liquidación. De acuerdo con el Código de Procedimiento Fiscal, solo la resolución de liquidación constituye un acto administrativo, que puede ser impugnado y recurrido ante los tribunales. Los actas levantadas por los inspectores antifraude, incluidas aquellas en las que se remite el asunto a los órganos de investigación penal, no son actos administrativos, sino meros elementos de prueba.
Así, si un contribuyente decide abonar el perjuicio incrementado para acogerse a la causa de exención de la pena, no dispondrá de ningún recurso legal para demostrar que no es culpable de evasión fiscal. Además, el contribuyente no recibirá ningún acto administrativo que pueda impugnar ante los tribunales. Sin embargo, si el contribuyente no acepta la acusación de evasión fiscal o desea impugnar el resultado de la inspección, esta causa de exención de la pena no podrá aplicarse. En resumen, o bien acepta cualquier perjuicio determinado por la autoridad fiscal, o bien se verá sometido a procedimientos penales, independientemente de que el perjuicio determinado sea desproporcionado o erróneo.
En cierto modo, esta causa de exención de la pena constituye una combinación entre la institución penal de las causas de exención de la pena y el acuerdo de reconocimiento de culpabilidad. Quien reconozca el hecho tal y como se le ha imputado y indemnice por el perjuicio se beneficia de que no se remita el caso a las autoridades penales. Sin embargo, esta nueva institución no ofrece las garantías que ofrece el procedimiento del acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, es decir, la prueba de que existen indicios suficientes sobre la comisión del hecho y la culpabilidad de quien lo cometió, así como la asistencia jurídica obligatoria, son garantías esenciales. Además, el acuerdo de reconocimiento se somete a examen judicial, donde se confirma su legalidad. En cambio, ni el Código de Procedimiento Fiscal ni la Ley 126/2024 ofrecen tales garantías, que protejan al contribuyente de una posible interpretación errónea de las disposiciones aplicables o de eventuales abusos. En la práctica, esta causa de exención de la pena se convierte en un reconocimiento de culpabilidad por un hecho que no será examinado por un órgano judicial ni por un tribunal.
Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, el nuevo motivo de exención de la pena parece ser una forma de simplificar el proceso judicial, facilitando la captación de fondos para el presupuesto del Estado. Ofrece al contribuyente, sometido a la presión de una posible denuncia penal, la opción de elegir entre pagar el perjuicio incrementado en un 15 % (más intereses y sanciones) o asumir los costes y las consecuencias de un proceso penal en el que deba demostrar su inocencia, lo cual es absurdo e inconstitucional.
¿Es constitucional una medida de este tipo?
Mediante la Sentencia n.º 146/2024, el Tribunal Constitucional resolvió la objeción de inconstitucionalidad planteada ante él en relación con las modificaciones introducidas en el artículo 10 de la Ley n.º 241/2005. No obstante, el grupo parlamentario que presentó esta objeción ante el Tribunal formuló ciertas críticas que fueron desestimadas por el órgano de control constitucional, señalando que la nueva normativa podría animar a los ciudadanos a cometer delitos de evasión fiscal, sabiendo que existe esta nueva causa de exención de la pena.
A este respecto, el Tribunal ha afirmado que «su regulación constituye un paso importante en la transición que los Estados deben llevar a cabo, desde las teorías tradicionalistas de carácter retributivo del derecho penal, según las cuales la imposición de penas privativas de libertad en caso de comisión de delitos constituye una condición sine qua non para el restablecimiento del orden jurídico, hacia las teorías modernas propias de esta rama del derecho, según las cuales, en el caso de los delitos cuyo fin es la obtención de ganancias ilícitas, el objetivo principal de la política penal estatal debe centrarse en la detección y el decomiso de dichos bienes (en sentido amplio), con vistas a su incorporación, o la de su contravalor, al presupuesto público. Por lo tanto, las disposiciones legales criticadas constituyen una forma de transponer el objetivo antes mencionado a la política penal del Estado en el ámbito de la evasión fiscal.» (apartado 68)
No obstante, la crítica real que debería haberse formulado contra la nueva disposición se refiere, en primer lugar, a la desaparición de la presunción de inocencia, dado que a la persona afectada se le aplica directamente la etiqueta de «evasor», y al pagar el perjuicio con recargos y sanciones, esta acepta haber cometido un delito, sin tener ya la posibilidad de demostrar posteriormente su inocencia. En segundo lugar, la crítica se refiere a la imposibilidad del contribuyente de impugnar el importe del perjuicio que se le imputa, ya que este no figura en un acto administrativo que pueda ser objeto de recurso.
Así pues, las conclusiones del Tribunal Constitucional mencionadas anteriormente no eliminan ni justifican el abuso que puede producirse tras la entrada en vigor del artículo 10, apartado (1) de la Ley n.º 241/2005, dado que el órgano de control constitucional aún no ha sido encargado de examinar la constitucionalidad de dicho artículo desde la perspectiva antes mencionada. Por estas razones, sigue existiendo la posibilidad de que se lleve a cabo otro control de constitucionalidad de estas disposiciones legales.

Aspectos que deben aclararse
¿Cómo se verá afectada la actividad empresarial de dicho contribuyente como consecuencia del reconocimiento del delito de evasión fiscal? ¿Se utilizarán estos aspectos en futuras inspecciones fiscales, teniendo en cuenta que, en la práctica, dicho contribuyente reconoce una conducta fiscal ilegal? Estas preguntas siguen sin respuesta por el momento, por lo que la situación jurídica creada por la nueva disposición legal resulta, como mínimo, confusa, y la normativa en esta materia presenta lagunas.
Asimismo, ¿cómo se respeta el derecho de defensa del contribuyente que se encuentra en tal situación? ¿Cuáles son los medios de prueba que puede utilizar ante las autoridades fiscales para demostrar su inocencia, teniendo en cuenta que no existe ningún procedimiento regulado mediante el cual las personas puedan defenderse de las acusaciones de evasión fiscal antes de optar entre el pago íntegro de las cantidades estipuladas por la ANAF y la denuncia ante las autoridades penales?
el derecho a la defensa y a un juicio justo del contribuyente se ve vulnerado también por el hecho de que no existe un acto administrativo en virtud del cual se efectúe dicho pago y, por lo tanto, el ciudadano no tiene la posibilidad de impugnar el acto en virtud del cual ha efectuado el pago. Así, a una persona se le impone una sanción sin que haya habido un procedimiento de investigación previo en el que pueda defenderse y sin la posibilidad de interponer recurso alguno contra dicha sanción, simplemente porque acepta la acusación que se le ha imputado mediante el pago, probablemente movida por el deseo de librarse de la persecución penal.
No obstante, esto no está garantizado, en el sentido de que los órganos de investigación penal pueden actuar de oficio ante la comisión del delito de evasión fiscal por parte de dicha persona. Incluso si posteriormente se dicta el archivo del caso debido a la existencia de una causa de exención de la pena, el contribuyente sufrirá el estrés generado por la investigación penal, aunque haya abonado el perjuicio. En esta situación surge un problema procesal, a saber, el hecho de que el contribuyente podrá solicitar, en virtud del artículo 319, apartado 1, del Código de Procedimiento Penal, que se reanude la investigación penal para demostrar su inocencia. En estas circunstancias, si se constata que dicha persona no es culpable de los hechos que se le imputan y por los que ha pagado, no podrá recuperar de forma sencilla las cantidades adelantadas al presupuesto del Estado, ya que no existe una normativa al respecto.
No obstante, existen soluciones jurídicas para la situación descrita anteriormente, en el sentido de que, con la ayuda de un abogado, dicho contribuyente podrá obtener, mediante un proceso civil, las cantidades correspondientes de la administración tributaria, en virtud de un pago indebido. No obstante, lo ideal sería que este tipo de situaciones no se complicaran tanto que una persona inocente se viera obligada a esperar incluso varios años para recuperar su dinero.
Además, esta sería una solución en el caso de que la persona fuera objeto de un proceso penal y el expediente se archivara en virtud de la causa de exención de pena regulada por la nueva legislación fiscal. En caso de que no exista un proceso penal, la recuperación de las cantidades adelantadas al presupuesto del Estado para acogerse a la causa de exención de la pena, en el caso de las personas que no son culpables de evasión fiscal, sin que se haya iniciado la investigación penal, no está regulada ni existen disposiciones legislativas al respecto.
Posibles soluciones
La nueva normativa debe modificarse y completarse de modo que respete el derecho de los contribuyentes a la defensa, a un juicio justo y a un recurso efectivo, garantizados tanto por la Constitución de Rumanía como por el TEDH. Asimismo, las modificaciones deberían respetar el principio de la presunción de inocencia, ya que, en la situación actual, este se vulnera de manera evidente. En general, la idea en la que se basó la causa de la exención de la pena no es mala, pero la forma en que se ha regulado presenta lagunas, lo que permite a las autoridades fiscales cometer abusos contra los contribuyentes, sin ofrecerles la posibilidad de defenderse si desean evitar el enjuiciamiento penal.
Por estas razones, la solución principal es una nueva iniciativa legislativa para modificar y completar las normas mencionadas, de modo que se elimine la posibilidad de abusos por parte del Estado y se proteja de verdad a los ciudadanos. En su forma actual, la causa de exención de la sanción por evasión fiscal no es más que un mecanismo para recaudar dinero para el presupuesto del Estado, independientemente de si se debe o no.