¿En qué condiciones se puede destituir a un alcalde?
Últimamente circulan por Internet varias peticiones para la destitución del alcalde de Timișoara. Sin entrar a debatir la conveniencia de la destitución del alcalde, veamos qué implica tal iniciativa desde el punto de vista jurídico.
De conformidad con el artículo 162 del Código Administrativo:
«(1) El mandato del alcalde cesará como consecuencia del resultado de un referéndum local cuyo objeto sea su destitución, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 144 y 145, que se aplicarán según corresponda.
(2) El referéndum para la destitución del alcalde se organizará a raíz de una solicitud dirigida al prefecto por los habitantes del municipio, la ciudad o el municipio, como consecuencia del incumplimiento por parte de este de los intereses generales de la comunidad local o del incumplimiento de las funciones que le corresponden, conforme a la ley, incluidas aquellas que ejerce como representante del Estado.
(3) La solicitud incluirá los motivos en los que se basa, el nombre y los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, la serie y el número del documento de identidad y la firma manuscrita de los ciudadanos que hayan solicitado la organización del referéndum.
(4) La convocatoria del referéndum debe ser solicitada, por escrito, por al menos el 25 % de los habitantes con derecho a voto inscritos en el censo electoral y que tengan su domicilio o residencia en la unidad administrativo-territorial. Este porcentaje debe alcanzarse en cada una de las localidades que componen el municipio, la ciudad o el municipio».
El artículo 144 del Código Administrativo establece que:
«(1) El consejo municipal podrá ser disuelto mediante referéndum local, organizado conforme a lo establecido por la ley. El referéndum se organizará a raíz de una solicitud dirigida al prefecto en este sentido por al menos el 25 % del número de ciudadanos con derecho a voto inscritos en el censo electoral y que tengan su domicilio o residencia en la unidad administrativo-territorial.
(2) La solicitud incluirá los motivos en los que se basa, el nombre y los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, la serie y el número del documento de identidad y la firma manuscrita de los ciudadanos que hayan solicitado la organización del referéndum».
Y, de conformidad con el artículo 145 del mismo Código:
«(1) Los gastos derivados de la organización del referéndum local se sufragarán con cargo al presupuesto de la unidad administrativo-territorial.
(2) El referéndum local es organizado por una comisión nombrada por orden del prefecto, compuesta por un representante del prefecto, un representante del alcalde, otro del consejo municipal y otro del consejo provincial, así como un juez del juzgado en cuya jurisdicción territorial se encuentre la unidad administrativa-territorial en cuestión. La secretaría de la comisión corre a cargo de la institución del prefecto.
(3) El referéndum local será válido si se ha presentado a las urnas al menos el 30 % del número total de habitantes con derecho a voto inscritos en el censo electoral con domicilio o residencia en la unidad administrativo-territorial. La actividad del consejo local cesará antes de tiempo si al menos la mitad más uno del número total de votos válidos emitidos se ha pronunciado en este sentido, y el resultado del referéndum ha sido validado conforme a lo establecido por la ley».
Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser los motivos que justifiquen una iniciativa de este tipo?
El artículo 162, apartado 2, del Código Administrativo se refiere a el menosprecio por parte del alcalde de los intereses generales de la comunidad local o el incumplimiento de las funciones que le corresponden, de conformidad con la ley, incluidas aquellas que el alcalde está llamado a ejercer en su calidad de representante del Estado. En otras palabras, no basta con que no te caiga bien.
Podrían constituir motivos de este tipo, que entran en el ámbito de aplicación del artículo 162: la suspensión injustificada del buen funcionamiento de determinados servicios públicos locales; la interrupción injustificada de múltiples obras públicas en curso, incluso mediante el uso abusivo de la denuncia o la rescisión unilateral de contratos administrativos; la convocatoria deliberadamente irregular del consejo local, impidiéndole ejercer sus propias atribuciones o adoptar acuerdos, conforme a lo establecido por la ley; el menoscabo del desarrollo urbano o su retraso evidente; la elaboración o ejecución defectuosa del presupuesto público local; la negativa reiterada a ejecutar las resoluciones del consejo municipal; la privación de prerrogativas a los servicios pertenecientes a su propio aparato especializado, mediante la creación de estructuras paralelas, eventualmente gestionadas por entidades económicas privadas; la participación del alcalde en actividades indignas, inmorales o que puedan suscitar el oprobio público o desencadenar un escándalo público; la negativa a ejercer sus funciones o la acumulación de retrasos considerables e injustificados en la resolución de las solicitudes (peticiones) que se le dirigen; la falta de transparencia en la gestión del patrimonio público de la unidad administrativa-territorial que dirige o de los fondos públicos de los que dispone, en su calidad de ordenador de pagos; múltiples incumplimientos de la disciplina financiera, constatados como tales mediante actas de control del Tribunal de Cuentas; la falta de recaudación de ingresos públicos, como consecuencia de una actitud de desinterés respecto a esta función; la negativa reiterada a cumplir con sus funciones, es decir, a hacer posible el funcionamiento de los servicios de los que es responsable y, por consiguiente, a obstaculizar el ejercicio de las competencias de la institución del alcalde o de la capacidad jurídica de derecho público de la entidad administrativa y territorial que dirige.
El papel del prefecto en este procedimiento.
El prefecto tiene la obligación de de organizar el referéndum solicitado si se cumplen las siguientes condiciones:
a) la existencia de una solicitud en la que se indiquen los motivos que justificarían la organización de un referéndum para la destitución anticipada del alcalde;
b) la prueba de que la solicitud cuenta con el apoyo de al menos el 25 % del número de ciudadanos con derecho a voto, domiciliados en la unidad administrativo-territorial en la que fue elegido dicho alcalde, prueba que se aporta mediante las listas de firmantes a favor de la solicitud de organización del referéndum, en las que se indiquen claramente el nombre y los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, la serie y el número del documento de identidad o del carné de identidad, así como la firma manuscrita de cada ciudadano que solicite la celebración del referéndum para la destitución anticipada del alcalde;
c) la existencia de pruebas que acrediten hechos imputables al alcalde (múltiples sentencias judiciales de anulación de los actos emitidos por él o de obligación de emitir actos que se haya negado a emitir; pruebas relativas a la organización defectuosa de los servicios públicos que se encuentran bajo su subordinación, pruebas que pueden adoptar la forma de documentos procedentes del propio servicio especializado del alcalde, de documentos firmados por el propio alcalde, de declaraciones auténticas, bajo su propia responsabilidad, de aquellas personas que se han visto perjudicadas por la organización y/o el funcionamiento deficiente de los servicios públicos, etc.
El prefecto puede denegar La organización de un referéndum en una o varias de las siguientes situaciones:
- se constata que en el texto de la solicitud de organización del referéndum no se indican los motivos en los que se basa dicha solicitud;
- constata que la solicitud no va acompañada de los documentos que demuestren que dicha solicitud cuenta con el apoyo de al menos el 25 % del número de ciudadanos con derecho a voto (inscritos en el censo electoral con domicilio o residencia en la unidad administrativo-territorial) y con los datos de identificación indicados anteriormente;
- si constata que la solicitud no va acompañada de las pruebas en las que se basa.
Importante - El prefecto no puede erigirse en juez ni evaluar la solidez de las pruebas en las que se basa la solicitud de organización del referéndum con el fin de poner fin anticipadamente al mandato del alcalde, Es decir, no puede determinar si estas pruebas demuestran o no que el alcalde ha desatendido los intereses generales de la comunidad local o que no ha ejercido las funciones que le corresponden. Solo comprueba el cumplimiento formal de los requisitos.
Según el artículo 2, apartado 1, de la Constitución de Rumanía, la soberanía pertenece al pueblo, que la ejerce a través de sus órganos representativos o mediante referéndum. El prefecto, nombrado por el Gobierno y no elegido por el pueblo, no puede impedir el ejercicio de este derecho constitucional fundamental cuando se cumplen formalmente las condiciones previstas por la ley.
La negativa del prefecto de crear las condiciones necesarias para la organización del referéndum solicitado, es decir, de emitir la orden de nombramiento de la comisión organizadora del referéndum, tal y como le exige el artículo 145, apartado (2), del Código Administrativo, confiere a los interesados el derecho a acudir al tribunal contencioso-administrativo, mediante una demanda para obligar al prefecto a emitir la orden antes mencionada y, por consiguiente, a crear las condiciones para la organización del referéndum destinado a la destitución anticipada del alcalde. Asimismo, dicha denegación puede constituir el delito de abuso de poder.
En cuanto al quórum necesario y a la mayoría de votos: dicho referéndum será válido si se ha presentado a las urnas al menos el 30 % del número total de habitantes con derecho a voto inscritos en el censo electoral, con domicilio o residencia en la unidad administrativo-territorial, y el mandato del alcalde terminará antes de tiempo si al menos la mitad más uno del total de votos válidos emitidos se han pronunciado en este sentido.
Aparentemente, desde un punto de vista matemático, no es tan difícil provocar la terminación anticipada del mandato del alcalde. Supongamos que el 30 % del número total de habitantes con derecho a voto representa a 60 000 habitantes de una ciudad, habitantes que acuden a las urnas. Si 30 001 de ellos votan a favor de la terminación anticipada del mandato del alcalde, dicho alcalde es destituido. En la práctica, tampoco es tan fácil.