El registro del contrato de alquiler ante la ANAF: obligaciones, ventajas y efectos
Para todos aquellos que hayan celebrado un contrato de alquiler, ya sean propietarios o inquilinos, resulta útil conocer ciertos aspectos relacionados con las obligaciones que les incumben, así como algunos instrumentos esenciales que esperamos que no sean necesarios en la práctica.
Los artículos 1.777 y siguientes del Código Civil regulan el contrato de arrendamiento, término genérico que abarca la cesión del uso de bienes muebles e inmuebles (alquiler), así como la cesión del uso de terrenos agrícolas (arrendamiento rústico).
La celebración de un contrato de arrendamiento no solo constituye una forma de regular las relaciones entre el arrendador (quien ofrece el bien en alquiler) y el arrendatario (quien lo alquila), sino que también conlleva determinadas obligaciones fiscales. En la actualidad, el registro del contrato ante la autoridad fiscal competente ya no es solo una formalidad, sino una obligación legal en numerosas situaciones y, al mismo tiempo, un instrumento que ofrece al propietario una mayor protección jurídica en los casos en que las relaciones entre las partes no se desarrollan en condiciones ideales.
¿Es obligatorio inscribir el contrato en la ANAF?
Sí. De conformidad con el artículo 83, apartado (5), del Código Fiscal, «los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión del uso de bienes de su patrimonio personal (...) «Tienen la obligación de inscribir el contrato celebrado entre las partes, así como las modificaciones posteriores, en un plazo máximo de 30 días desde la celebración o la producción de la modificación, ante el organismo fiscal competente»..
Por lo tanto, no solo es obligatorio el registro, sino también la modificación o la rescisión del contrato, debiendo comunicarse estas también en el plazo previsto por la ley. El procedimiento concreto está regulado por la Orden del presidente de la ANAF n.º 161/2025, que aprueba el formulario C168 y la forma de presentarlo.
¿Cuáles son las sanciones?
En primer lugar, las primeras sanciones que se aplican, en caso de que las autoridades fiscales descubran que obtienes ingresos por alquiler que no declaras, son la multa y el recálculo retroactivo del impuesto adeudado, con la aplicación de los intereses y las penalizaciones correspondientes.
Pero, más allá de las posibles consecuencias fiscales derivadas de la no declaración de los ingresos por alquileres, la consecuencia práctica más importante es la pérdida de una de las ventajas más valiosas que ofrece la ley: el carácter ejecutorio del contrato.
En otras palabras, si el arrendador desea recuperar el alquiler atrasado en virtud de un contrato celebrado mediante firma privada, pero no registrado en la ANAF, se verá obligado, por regla general, a obtener primero una sentencia judicial, lo que supone tiempo, costes adicionales y la prolongación del periodo en el que el alquiler permanece impagado.
¿Cuáles son las ventajas de inscribir el contrato?
La principal ventaja es que, en determinadas situaciones previstas por la ley, el contrato adquiere el valor de un título ejecutorio. De este modo, el propietario puede pasar directamente a la ejecución forzosa, sin verse obligado a pasar previamente por un proceso para obtener una sentencia judicial, lo que supone un ahorro de meses o incluso años de litigios, así como una reducción considerable de los costes necesarios para el cobro de la deuda.
¿Qué significa que un contrato sea un título ejecutorio?
Un título ejecutivo es el documento en virtud del cual el acreedor puede solicitar directamente la ejecución forzosa a través de un agente judicial, sin necesidad de obtener previamente una resolución judicial que le reconozca su derecho.
En materia de arrendamiento, el artículo 1798 del Código Civil establece que son títulos ejecutivos: (i) los contratos celebrados en forma auténtica; (ii) los contratos celebrados mediante firma privada que hayan sido registradas ante las autoridades fiscales.
¿Qué puede ejecutarse en virtud del contrato?
Antes de responder a esta pregunta, hay que entender desde el principio que la ley debe prever expresamente el carácter ejecutorio de determinados actos. Por lo tanto, si la ley no lo prevé, habrá que seguir el procedimiento judicial para poder «obligar» al deudor a pagar.
Así, de conformidad con el artículo 1.798 del Código Civil, «Los contratos de arrendamiento celebrados mediante escritura privada que hayan sido inscritos en las autoridades fiscales, así como los celebrados en forma auténtica, constituyen títulos ejecutivos». el pago del alquiler en los plazos y según las modalidades establecidas en el contrato o, a falta de estos, por ley».
Este es el principal efecto del carácter ejecutivo. Si el arrendatario no abona el alquiler en los plazos previstos en el contrato, el arrendador puede solicitar directamente la ejecución forzosa para recuperar las cantidades adeudadas, sin necesidad de interponer una demanda ante los tribunales. La ejecución se lleva a cabo únicamente por el alquiler adeudado en los plazos y según las modalidades establecidas en el contrato o, a falta de disposiciones expresas, de conformidad con las disposiciones legales.
Asimismo, el artículo 1.809, apartados (2) y (3), del Código Civil establece el carácter ejecutorio del contrato también en lo que respecta a la obligación de restitución del bien, al vencimiento del plazo. En estos casos, el propietario puede solicitar el desalojo a través de un agente judicial, sin necesidad de interponer una demanda separada de desalojo, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el Código Civil.
¿Qué no puede ser objeto de ejecución?
El carácter ejecutivo que confiere el artículo 1.798 del Código Civil se refiere expresamente a la obligación de pagar el alquiler. En cuanto a otras obligaciones pecuniarias asumidas por el arrendatario, como el pago de los servicios públicos, las penalizaciones contractuales, las indemnizaciones por daños al inmueble u otras deudas accesorias, estas no se benefician del mismo régimen jurídico.
Es más, tampoco pueden reclamarse los intereses correspondientes al alquiler impagado a su debido tiempo en virtud del art. 1.798 del Código Civil, ya que, tal y como hemos señalado anteriormente, el carácter ejecutorio debe estar previsto expresamente por la ley, y este artículo se refiere al pago del alquiler, no a posibles penalizaciones. Aunque esta conclusión parezca contradecir el principio accesorium sequitur principale; esta es la práctica de los tribunales nacionales, así como la conclusión a la que han llegado los autores de los trabajos especializados que tratan este tema.
Por lo tanto, si existe un litigio en relación con estas cantidades, por regla general será necesario obtener una resolución judicial. Precisamente por este motivo, la práctica judicial aborda con cautela el alcance del carácter ejecutivo del contrato de alquiler, ya que este no puede extenderse por analogía a otras obligaciones asumidas por las partes.
En lo que respecta a la obligación de devolver el bien, el carácter ejecutivo solo se mantiene en caso de que el contrato de alquiler haya finalizado por vencimiento del plazo. Así pues, aunque en el contrato exista una cláusula que prevea la extinción de pleno derecho del contrato por impago del alquiler y la obligación del arrendatario de entregar el bien en un plazo determinado, el propietario no podrá dirigirse directamente al agente de ejecución basándose en el contrato, sino que deberá recurrir a los tribunales, ya que un contrato no puede conferir carácter ejecutivo, sino que solo la ley puede hacerlo.
Como último consejo, en el caso de que se trate de un contrato de alquiler de un inmueble, el lector podría considerar la inclusión, en el contrato, de una cláusula que haga referencia al art. 1.038, apartado (4) del Código de Procedimiento Civil, texto legal que establece la renuncia del inquilino a la notificación prevista en el procedimiento especial de desalojo de los inmuebles ocupados indebidamente.
En concreto, si el contrato no constituye un título ejecutivo porque no ha expirado al llegar a su vencimiento, el propietario podrá, no obstante, acudir directamente al tribunal, sin tener que enviar, a través del agente judicial, una notificación en la que conceda al inquilino un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el inmueble.