El nuevo reglamento para las terrazas de Timișoara: una propuesta problemática
El reglamento de organización del comercio en las zonas públicas de terrazas de nuestra querida ciudad, Timișoara, se encuentra en proceso de modificación. El 11 de agosto de 2025 se publicó en la página web del Ayuntamiento el nuevo proyecto de resolución municipal para este reglamento. Sin embargo, al igual que el reglamento anterior, el nuevo acto normativo mantiene diversas sanciones restrictivas, «draconianas», que ya estaban previstas en la HCL 434/2024, relativa a la aprobación del Reglamento para el desarrollo de actividades comerciales en las zonas públicas de terraza dentro del término municipal de Timișoara.
A continuación, realizaremos un análisis comparativo de las modificaciones que propone el proyecto con respecto a las disposiciones vigentes en la HCL 434/2024, para abordar posteriormente las sanciones a las que pueden verse sometidos los comerciantes en caso de incumplimiento de las disposiciones de este acto administrativo local.
Algunas de las modificaciones introducidas están justificadas y aportan aclaraciones útiles, pero otras son de carácter restrictivo. El análisis que figura a continuación se centra en los cambios que introduce el anexo 9 del proyecto de HCL con respecto al anexo 9 de la HCL 434/2024.
Este anexo establece, en el punto A, la lista de documentos necesarios para la autorización inicial de una terraza, y en el punto B, los documentos que deben presentarse para obtener la autorización cuando, en el año anterior, la terraza ya haya sido autorizada. Además del formulario de solicitud y de los documentos de identificación de la empresa, se exigen también una serie de documentos justificativos, sin los cuales no se puede expedir la autorización.
Algunos de estos documentos son lógicos y naturales, pero otros completan un marco normativo ya cargado de prohibiciones y sanciones severas, aspectos sobre los que volveremos en las siguientes secciones de este artículo.
Un ejemplo de requisito que no ha cambiado es el certificado fiscal que acredita la ausencia de deudas con el presupuesto local. La expedición del permiso está condicionada a la condición de «buen pagador», lo que significa que, en la actualidad, cualquier entidad que tenga deudas —independientemente de su naturaleza— con el presupuesto local no podrá instalar una terraza.
1. Modificaciones introducidas en las condiciones para la obtención de la autorización inicial
1.1. Documentos que ya no son necesarios según el nuevo Reglamento:
- Plano de ubicación a escala 1:5000 (obtenido en el Ayuntamiento).
- Plano de situación a escala 1:500 (obtenido en el Ayuntamiento).
- Lista de menús y precios en rumano y en un idioma internacional.
- Autorización para el ejercicio de la actividad comercial (Ley 650/2002).
- Suspensión de las actividades en las terrazas hasta el pago de todas las multas.
1.2. Modificaciones en el contenido de los documentos conservados:
- Plano de situación a escala 1:50: en el nuevo reglamento, este documento adquiere un papel fundamental y debe incluir:
- los colores del mobiliario y los materiales utilizados.
- los colores y materiales de las jardineras.
- la longitud ocupada en la fachada de cada propiedad vecina.
- Declaración jurada sobre el número de plazas: aparece en el nuevo reglamento (no existía en el anterior). Además, en la autorización medioambiental se calculan las plazas de forma acumulativa (interior + exterior).
- Autorización notarial o de un abogado de los propietarios o de la comunidad de propietarios de los edificios colindantes en caso de ampliación de la terraza hacia la fachada de los edificios colindantes: ahora también se acepta la certificación por parte de un abogado, no solo la notarial.
- Autorización medioambiental: en la nueva normativa se especifica claramente que se tiene en cuenta el número total de plazas (interiores + exteriores), mientras que la normativa anterior solo mencionaba las plazas interiores superiores a 100.
1.3. Requisitos adicionales:
- Declaración jurada sobre el número de plazas para clientes
- Autorización de ubicación expedida por el arquitecto jefe y autorización de la Dirección de Medio Ambiente para terrazas a orillas del canal del Bega
- La obligación de indicar la longitud ocupada en la fachada de cada propiedad colindante
- Mención obligatoria de los colores y materiales del mobiliario y las jardineras
2. Modificaciones introducidas en la obtención de la autorización en caso de que ya haya existido una autorización anteriormente
En este contexto, se introducen dos modificaciones. La primera es que el plano de situación a escala 1:50 debe estar acotado, es decir, debe incluir las dimensiones de todos los elementos del plano, algo que no estaba previsto en la normativa anterior. La segunda modificación se refiere a la autorización medioambiental, que, al igual que el dictamen inicial, es necesaria si el local tiene una capacidad total superior a 100 plazas. Esto dará lugar a que, al igual que en el pasado, muchos comerciantes necesiten esta autorización, ya que se contabilizan tanto las plazas interiores como las previstas en el exterior.
3. Se restringen las obligaciones de los comerciantes que ejercen el comercio ambulante
El proyecto suprime las obligaciones previstas en el artículo 20, apartados 2, 12, 13, 14 y 17, a saber:
- La obligación de disponer de documentos de procedencia para las mercancías o bienes comercializados, así como de certificados de calidad para los mismos.
- La obligación de no colocar mobiliario urbano (mesas, sillas, bancos, sombrillas, jardineras, etc.), embalajes, productos, mercancías u otros objetos en las zonas verdes o en los lugares destinados al aparcamiento de turismos.
- La obligación de exigir al personal de servicio el uso de equipos de protección sanitaria y la exhibición de una tarjeta de identificación con sus datos personales.
- La obligación de exigir al personal que disponga de documentos de identificación y del certificado de aptitud expedido por un centro de medicina del trabajo.
- La responsabilidad de garantizar las condiciones de conservación exigidas por el fabricante, de mantener las características iniciales de los productos y de prevenir su deterioro acelerado.
4. Modificaciones introducidas en las normas generales de instalación
Según el proyecto, la distancia entre la terraza y el local de trabajo dotado de aseos se amplía de 10 m a 30 m. Además, entre los comerciantes exentos de la obligación de disponer de un aseo público se incluyen ahora también las terrazas situadas a orillas del canal del Bega.
Asimismo, en el artículo 24, apartado 5, del reglamento propuesto, relativo a la prohibición de instalar terrazas en la calzada, en aparcamientos y en zonas verdes de alineación, se prevé una excepción, a saber: „ Las terrazas instaladas en zonas no urbanizadas mediante proyectos que hayan sido objeto de una licencia de obras. La instalación solo se permite con el dictamen favorable de la Institución del Arquitecto Jefe y el dictamen favorable del Servicio de Políticas Medioambientales del Ayuntamiento de Timișoara. Las soluciones técnicas adoptadas para la instalación de la terraza tendrán un impacto mínimo en el dominio público, serán reversibles y tendrán una duración limitada.»
Por lo demás, las normas generales siguen siendo prácticamente las mismas.
5. En cuanto a las normas especiales para los barrios históricos
Parece que las autoridades locales desean neutralizar cromáticamente las terrazas, imponiendo condiciones adicionales y nuevas prohibiciones en cuanto a los colores del mobiliario, las sombrillas e incluso los cojines o tapizados. La nueva normativa Se prohíben expresamente los colores saturados, intensos, muy marcados o pastel en las sombrillas. En cuanto a los colores del mobiliario, la normativa especifica, además de lo establecido anteriormente, que no se admiten piezas de mobiliario, incluidos cojines para sentarse o para el respaldo, en colores llamativos, fluorescentes o en combinaciones de colores contrastantes.
6. En cuanto a las zonas específicas reguladas de forma distinta
No se introducen grandes cambios, pero para los negocios situados a orillas del Canal Bega se establece la obligación de obtener la autorización de ubicación del arquitecto jefe y el dictamen de la dirección de medio ambiente del Ayuntamiento, y no solo de la autorización de emplazamiento, como establecía la normativa anterior.
7. En cuanto a las prohibiciones y sanciones
7.1. Situación de quienes tienen multas pendientes de pago o deudas con el presupuesto local
En lo que respecta a las prohibiciones y sanciones, la situación se mantiene prácticamente sin cambios y sigue siendo igual de preocupante desde el punto de vista de la proporcionalidad, pero también de la legalidad.
El artículo 15 del Reglamento establece que a los agentes económicos, a las empresas individuales y familiares, así como a las personas físicas autorizadas A quienes tengan deudas pendientes o multas por infracciones sin pagar no se les expedirán más permisos comerciales para la instalación de terrazas, ni se podrá prorrogar la vigencia de los permisos ya existentes, hasta que se hayan liquidado íntegramente las obligaciones financieras frente al Ayuntamiento de Timișoara. Esta formulación constituye una modificación con respecto a la versión anterior, que limitaba la restricción únicamente a la concesión de los acuerdos iniciales, sin hacer referencia a la prórroga de los ya concedidos.
No obstante, independientemente de si nos referimos únicamente a las autorizaciones iniciales o también a su prórroga, de acuerdo con esta disposición presente en ambos Reglamentos, cualquier agente económico que tenga multas pendientes de pago está sujeto a la misma prohibición de obtener la autorización para la instalación de terrazas, , independientemente de la naturaleza o la situación jurídica de dichas multas. No se establece ninguna distinción entre multas prescritas y no prescritas, entre deudas ciertas, liquidas y exigibles y aquellas que se encuentran en litigio, ni entre sanciones impugnadas y aquellas que han adquirido firmeza. En la práctica, la ausencia de cualquier individualización o evaluación de la situación concreta conduce a la aplicación de una prohibición uniforme, que ignora las circunstancias particulares de cada caso.
Consideramos que esta disposición tiene la naturaleza jurídica de una sanciones complementarias ilegales. En primer lugar, al estar estrechamente relacionada con el desarrollo de una actividad económica y al restringir el derecho de las personas que tienen multas a desarrollar actividades comerciales en terrazas —puesto que no se les expedirán autorizaciones de ubicación hasta que hayan liquidado todas sus obligaciones con el Ayuntamiento—, consideramos que la medida funciona como una sanción adicional a la multa impuesta al comerciante.
Sin embargo, esta sanción no está prevista en una ley especial, sino en una HCL que ni siquiera especifica la sanción principal a la que sería complementaria, ya que se aplica, de manera uniforme y sin evaluar su proporcionalidad, a todas las multas impagadas.
El artículo 5 del Decreto del Gobierno n.º 2/2001 establece lo siguiente en relación con las sanciones complementarias:
„(3) Las sanciones complementarias por infracciones son:
a) la incautación de los bienes destinados a las infracciones, utilizados en ellas o resultantes de las mismas;
b) la suspensión o anulación, según proceda, del permiso, la autorización o la licencia para el ejercicio de una actividad;
c) el cierre del establecimiento;
d) el bloqueo de la cuenta bancaria;
e) la suspensión de la actividad del agente económico;
f) la retirada de la licencia o de la autorización para determinadas operaciones o para actividades de comercio exterior, de forma temporal o definitiva;
g) el desmantelamiento de las obras y la restauración del terreno a su estado inicial.
(4)Mediante leyes especiales se pueden establecer otras sanciones principales o complementarias.
(5) La sanción establecida debe ser proporcional al grado de peligro social de la infracción cometida.
(6)Las sanciones complementarias se aplican en función de la naturaleza y la gravedad de la infracción.
(7) Por una misma infracción solo se podrá aplicar una sanción principal y una o varias sanciones complementarias».
Por lo tanto, la disposición de la HCL puede calificarse como sanción complementaria ilegal y desproporcionada, ya que:
- no está prevista expresamente en una ley (no se trata ni de una confiscación, ni de la suspensión de la actividad, ni de la anulación de la licitación, ni del cierre del establecimiento, etc.)
- no esté prevista en relación con una sanción principal claramente identificada;
- se aplica de manera uniforme, sin evaluar las circunstancias concretas del agente económico;
- restringe el derecho a ejercer actividades comerciales, es decir, el derecho a la iniciativa económica, en un de manera desproporcionada.
En conclusión, la aplicación automática de la prohibición de expedir o prorrogar los permisos para la instalación de terrazas, , a falta de una individualización y de una evaluación del grado de peligro social del hecho, no se ajusta al marco jurídico de la Ordenanza del Gobierno n.º 2/2001 relativa a las sanciones complementarias y puede considerarse ilegal. En la práctica, la medida sustituye al tribunal o a las autoridades competentes en la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas, convirtiéndola en una restricción administrativa abusiva, con efectos desproporcionados para los agentes económicos.
7.2. La prohibición definitiva de las terrazas
En este mismo sentido, ambos Reglamentos suponen, desde nuestro punto de vista, un auténtico abuso de derecho en lo que respecta a las sanciones complementarias. El artículo 43 del Reglamento aprobado mediante la HCL 434/2024 permanece inalterado y tiene el siguiente contenido:
„ Además de las sanciones principales por infracciones administrativas establecidas en el presente Reglamento, se aplicarán también las siguientes sanciones complementarias:
- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de comercio ambulante y en el presente reglamento, tras tres infracciones constatadas de forma reiterada en el plazo de 12 meses naturales, independientemente de la naturaleza de las infracciones constatadas, dicho acuerdo será retirado durante un período de 30 días naturales. Transcurrido este plazo, en caso de incumplimiento de lo establecido en el acuerdo de comercio ambulante y en el presente reglamento, tras las tres siguientes infracciones constatadas de forma reiterada, , independientemente de la naturaleza de las infracciones constatadas, lo cual será retirada definitivamente, sin que se conceda en el futuro otra autorización a dicho solicitante. La medida de retirada temporal o definitiva se establece mediante resolución del alcalde, a propuesta del agente instructor;
- La solicitud de desmantelamiento de todas las instalaciones y la liberación del emplazamiento;
- En caso de que el infractor no cumpla con la ejecución de las obras de desmantelamiento, el Ayuntamiento de Timișoara desmantelará las instalaciones por vía administrativa, sin recurrir a los órganos judiciales, y todos los gastos ocasionados por dicho desmantelamiento correrán a cargo del infractor».
La sanción prevista en el apartado 1 del artículo 43 de ambos Reglamentos carece de fundamento jurídico y no está relacionada con la sanción principal, tal y como establece de manera imperativa el artículo 5, apartado (7), de la Orden de Gobierno n.º 2/2001.
Así pues, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, en la práctica, tras seis infracciones consecutivas, el comerciante pierde definitivamente el derecho a desarrollar actividades comerciales en la terraza. Consideramos que esta medida complementaria, tal y como la denominan las autoridades locales, no respeta el marco legal.
El artículo 5, apartado (3), de la Orden de Gobierno n.º 2/2001 no prevé la prohibición definitiva el ejercicio de la actividad comercial, aunque sea parcial, como ocurre en el presente caso, como forma de sanción complementaria. Además, el apartado 4 del mismo artículo establece que cualquier sanción complementaria, distinta de las previstas en la ordenanza, solo puede establecerse mediante una ley especial, y en ningún caso mediante actos administrativos de carácter normativo emitidos por las autoridades locales.
Es más, esta sanción no está vinculada a una única infracción administrativa, sino con varias infracciones, independientemente de que se hayan abonado o cumplido las sanciones principales o complementarias previstas por la ley y aplicadas mediante el acta de infracción.
Asimismo, el artículo 15 del Decreto de Gobierno n.º 2/2001 establece que toda infracción se constata mediante un acta de infracción, mientras que el artículo 13, apartado (1), establece que la aplicación de la sanción de multa por infracción se prescribe en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se cometió la infracción. En el presente caso, la sanción complementaria, tal y como la denominan las autoridades, no se aplica, según el Decreto de Gobierno n.º 2/2001, mediante un acta de infracción, sino que se aplica mediante una resolución del alcalde.
Además, el acto administrativo introduce un sistema punitivo basado en la reincidencia en infracciones administrativas, que en el ámbito de las infracciones administrativas no está regulado a nivel de principios. Aunque existen situaciones excepcionales —como los puntos de penalización para los conductores—, estas están previstas expresamente en leyes especiales, y no en normas locales.
En conclusión, consideramos que la normativa actual sobre las sanciones complementarias a las multas, recogida en el Reglamento relativo al desarrollo de actividades comerciales en las zonas públicas de terrazas del término municipal de Timișoara, es ilegal.
Asimismo, esta supuesta sanción complementaria es manifiestamente desproporcionada. Las autoridades locales utilizan la expresión «independientemente de la naturaleza de las infracciones constatadas» para justificar la retirada definitiva de la autorización para desarrollar actividades económicas en las terrazas. Esta formulación indica que La medida se aplica automáticamente a todos los comerciantes que cometan infracciones reiteradas, sin analizar la gravedad ni el contexto de cada caso.
De conformidad con el artículo 5, apartados (5) y (6), de la Orden del Gobierno n.º 2/2001, Las sanciones complementarias deben ser proporcionales al grado de peligro social que supone la infracción y tener en cuenta su naturaleza y gravedad.. En el caso que nos ocupa, la aplicación uniforme de la prohibición ignora de manera flagrante estos principios.
En la práctica, cualquier infracción leve o involuntaria puede acarrear, con el tiempo, la sanción más severa: la pérdida definitiva del derecho a desarrollar actividades económicas en la terraza. Esto supone una restricción severa e injustificada del derecho fundamental a la iniciativa económica, sin que se realice ninguna evaluación individual de las circunstancias específicas de cada comerciante.
Por lo tanto, en conclusión, la denominada «sanción complementaria» no es, en modo alguno, una sanción complementaria, sino una sanción de naturaleza administrativa totalmente distinta, que queda a la entera discreción del alcalde. Y este artificio es profundamente ilegal.