El cambio de domicilio del menor en caso de alienación parental
Como ya hemos mencionado en otros artículos, como Alienación parental o La vivienda del menor tras el divorcioEl fenómeno denominado «alienación parental» está muy extendido, aunque hasta ahora no se le ha prestado la atención que merece. El proyecto de ley PL-x n.º 698/2022, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados, ofrece una definición de alejamiento parental como forma de violencia psicológica en la que uno de los progenitores De forma intencionada, deliberada o asumida y aceptada, genera, acepta o aprovecha una situación en la que el menor llega a manifestar reticencia u hostilidad, injustificadas o desproporcionadas, hacia cualquiera de los progenitores.
La alienación parental, tal y como se denomina en el proyecto de ley, solo podrá ser declarada por un tribunal a petición de una de las partes, a petición del fiscal o a petición de la Dirección General de Asistencia Social en todos los litigios en los que se vayan a dictar medidas relativas a un menor.
La confirmación de un caso de alienación parental tendrá una serie de implicaciones jurídicas bastante importantes en lo que respecta a la determinación del domicilio del menor, el régimen de visitas y también el ejercicio de la patria potestad.
En primer lugar, según el proyecto, la alienación parental formará parte de los motivos expresamente mencionados en la ley por los que el tribunal podrá considerar la ejercicio exclusivo de la patria potestad por parte del progenitor que sufre la alienación: » Se consideran motivos fundados para que el tribunal decida que la patria potestad sea ejercida por un solo progenitor el incumplimiento grave o reiterado de la patria potestad por parte del otro progenitor, el alcoholismo, la enfermedad mental o la adicción a las drogas del otro progenitor, la violencia contra el menor o contra el otro progenitor, alienación parental, las condenas por delitos de trata de personas, tráfico de drogas, delitos relacionados con la vida sexual, delitos de violencia, cualquier otra imposibilidad objetiva de los padres para colaborar en la toma conjunta de decisiones relativas al menor, así como cualquier otro motivo relacionado con los riesgos para el menor que pudieran derivarse del ejercicio de la patria potestad por parte de ese progenitor».
Es más, la alienación parental puede dar lugar a la presunción de que establecer la residencia del menor con el progenitor alienante no redunda en el interés superior del niño, motivo por el cual el tribunal puede ordenar que la residencia del niño sea con el progenitor alienado. En caso de que se establezca el domicilio del menor con el progenitor que lo aleja, se dictará a favor del otro progenitor un régimen de visitas con el menor que incluya obligatoriamente la acogida del menor, por un período determinado, por parte de uno de los progenitores o de otra persona con la que el menor no resida habitualmente, con o sin supervisión de la forma en que se mantienen las relaciones personales, en función del interés superior del menor. Además, El programa de visitas deberá incluir también encuentros del menor con el progenitor o con otra persona con la que el menor haya desarrollado vínculos afectivos en un lugar neutral para el menor, con o sin supervisión de la forma en que se mantienen las relaciones personales, en función del interés superior del menor.
Otra novedad en lo que respecta a las relaciones personales del menor con sus padres es la posibilidad de que, en caso de que uno de los padres impida el desarrollo de las actividades con el menor o el programa de visitas, el servicio público de asistencia social pueda ordenar, a petición del otro progenitor, la supervisión durante un período de seis meses de las relaciones personales del menor. Este seguimiento implicará la presencia de un representante del servicio público de asistencia social en la recogida y devolución del menor por parte del progenitor con el que no reside de forma habitual, así como en las visitas de este último al domicilio del menor. El seguimiento también podrá realizarse mientras el menor se encuentre en casa del progenitor con el que no reside habitualmente, si el tribunal ha ordenado dicho seguimiento mediante una sentencia ejecutiva.
Otro aspecto importante de la confirmación por parte del tribunal de la alienación parental es el hecho de que, al establecer el régimen de visitas, el tribunal puede determinar que la responsabilidad de llevar y traer al niño al inicio y al final del régimen de relaciones personales recaiga siempre al progenitor que practica la alienación. Es más, si el menor está matriculado en un centro educativo, el progenitor con el que no se mantiene el contacto puede disfrutar de un régimen de visitas con el menor de hasta 7 días consecutivos en un intervalo de 14 días en todos los periodos del año en los que el menor no se encuentre de vacaciones según el calendario escolar.
En lo que respecta a la devolución del menor al finalizar el horario de visita, no son pocas las situaciones en las que el progenitor que ha pasado tiempo con el menor ya no desea «devolverlo» al progenitor con el que reside habitualmente. En tales casos, el tribunal puede imponer al progenitor que se niega a devolver al menor el pago de sanciones por cada día de retraso que oscilen entre el 10 % y el 15 % de sus ingresos netos mensuales, sin que puedan ser inferiores a 300 lei. Si el tribunal ha constatado que existe un caso de alienación parental, los límites de las sanciones por cada día de retraso se duplicarán.
El alejamiento parental figurará, asimismo, entre los motivos por los que la Dirección General de Protección de la Infancia podrá decretar la medida de acogida de urgencia. Si, a raíz de alguna denuncia, se constata la existencia de un caso de maltrato, negligencia o alienación parental, la Dirección General de Protección de la Infancia podrá solicitar al tribunal que dicte una orden judicial de acogida de urgencia del menor con una persona, una familia o un cuidador de acogida.
Aunque el nuevo proyecto de ley pone de relieve el problema de la alienación parental y pretende ofrecer soluciones para que este fenómeno afecte lo menos posible a los menores que se encuentran en este tipo de situaciones, consideramos que la intervención de los servicios sociales en las relaciones de los niños con la familia debería ser lo menos invasiva posible, de modo que el impacto psicológico sea el menor posible. Queda por ver también cómo interpretarán los tribunales la aplicación de las nuevas disposiciones legislativas que entrarán en vigor en un futuro próximo.