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El acto de violencia contra los miembros de la familia prescribe en 8 años
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El acto de violencia contra los miembros de la familia prescribe en 8 años

La violencia doméstica se define en el artículo 3 de la Ley 217/2003 como «cualquier acción u omisión intencionada de violencia física, sexual, psicológica, económica, social, espiritual o cibernética que se produzca en el ámbito familiar o doméstico, o entre cónyuges o excónyuges, así como entre parejas actuales o antiguas, independientemente de que el agresor resida o haya residido junto a la víctima».

Según la misma ley, la violencia doméstica puede manifestarse de diversas formas, siendo algunas de las más comunes:

  • violencia verbal - dirigirse a alguien con un lenguaje ofensivo y brutal, como el uso de insultos, amenazas, palabras y expresiones degradantes o humillantes;
  • violencia psicológica - la imposición de la voluntad o del control personal, la provocación de estados de tensión y sufrimiento psíquico de cualquier forma y por cualquier medio, mediante amenazas verbales o de cualquier otra índole, chantaje, violencia demostrativa contra objetos y animales, exhibición ostentosa de armas, negligencia, control de la vida personal, actos de celos, coacciones de cualquier tipo, acoso indebido, vigilancia del domicilio, del lugar de trabajo o de otros lugares frecuentados por la víctima, realización de llamadas telefónicas u otros tipos de comunicaciones a distancia que, por su frecuencia, contenido o momento en que se producen, generen temor, así como otras acciones con efectos similares;
  • violencia física - las lesiones corporales o los daños a la salud causados por golpes, empujones, tirones, tirones de pelo, pinchazos, cortes, quemaduras, estrangulamientos o mordiscos, en cualquier forma y de cualquier intensidad, incluidos los enmascarados como resultado de accidentes, mediante envenenamiento, intoxicación, así como otras acciones con efectos similares, la imposición de esfuerzos físicos agotadores o de actividades que entrañen un alto riesgo para la vida, la salud o la integridad física, distintas de las contempladas en la letra e);
  • violencia sexual - agresión sexual, imposición de actos degradantes, acoso, intimidación, manipulación, brutalidad con el fin de mantener relaciones sexuales forzadas, violación conyugal;
  • violencia económica - la prohibición del ejercicio de la actividad profesional, la privación de medios económicos, incluida la privación de medios de subsistencia básicos, como alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, la sustracción intencionada de los bienes de la persona, la prohibición del derecho a poseer, utilizar y disponer de los bienes comunes, el control injusto sobre los bienes y recursos comunes, la negativa a mantener a la familia, la imposición de trabajos pesados y nocivos que perjudiquen la salud, incluso a un miembro menor de edad de la familia, así como otras acciones de efecto similar;

De todas estas formas, probablemente la más frecuente sea la violencia física, motivo por el cual el Código Penal castiga severamente este tipo de conductas. Más concretamente, el artículo 193, apartado 2, establece que «el acto que provoque lesiones traumáticas o afecte a la salud de una persona, cuya gravedad se evalúe en días de asistencia médica de un máximo de 90 días, se castiga con pena de prisión de 6 meses a 5 años o con multa». No obstante, el artículo 199, apartado 1, establece que, si estos hechos se han cometido contra un familiar, la pena máxima de prisión se incrementará en una cuarta parte, por lo que la pena máxima será de 6 años y 3 meses.

El Código Penal establece, asimismo, los plazos de prescripción en los que quien haya cometido tales hechos puede ser responsable penalmente. De conformidad con el artículo 154, si la ley prevé para el delito cometido una pena de prisión superior a un año, sin superar los 5 años, el plazo de prescripción es de 5 años.  En el caso de que la ley prevea para el delito cometido una pena de prisión superior a 5 años, pero que no supere los 10 años, el plazo es de 8 años.

Recientemente, el Tribunal Superior de Casación y Justicia, mediante la Resolución n.º 58, de 18 de septiembre de 2023, estableció que, a la hora de calcular el plazo de prescripción en lo que respecta a los delitos previstos en el artículo 193, apartado (2) del Código Penal, se tendrá en cuenta la pena incrementada en una cuarta parte del máximo previsto. De este modo, los actos de violencia contra los miembros de la familia prescriben penalmente en 8 años.

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