+40-755-627-706 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Noticias
Derecho de familia. Protección de la infancia
Tiempo de lectura
4 minutos
Fecha de publicación
Imprimir
Visualizaciones
Visualizaciones: 5611

Derecho de familia. Protección de la infancia

 El derecho de familia es un ámbito más complejo que los conocidos casos de divorcio. Abarca y regula todas las relaciones familiares, no solo las relativas a la disolución del matrimonio, siendo la protección de la infancia una de las principales prioridades.

Ya se trate de un divorcio, de la custodia, de la pensión alimenticia o, simplemente, de una decisión de los padres con un impacto importante para un menor, existe un principio fundamental que rige todas estas situaciones, a saber: El principio del interés superior del menor. El respeto a este principio es obligatorio en todas las actuaciones y decisiones que afecten a los menores, desde los padres hasta las autoridades públicas y los tribunales.

En un lenguaje más coloquial, el famoso dicho «yo te hice, yo te mato» no funciona ni siquiera en sentido figurado. Cada niño tiene derechos protegidos por la ley, por los organismos competentes del Estado, así como por organismos europeos e internacionales. En casos de maltrato o negligencia hacia un menor, cualquier progenitor puede ser privado del ejercicio de la patria potestad.

De acuerdo con la Ley n.º 272/2004, a la hora de determinar el interés superior del menor Se tienen en cuenta, como mínimo, los siguientes aspectos:

  1. las necesidades de desarrollo físico y psicológico, de educación y salud, de seguridad y estabilidad, y de pertenencia a una familia;
  2. la opinión del menor, en función de su edad y grado de madurez;
  3. el historial del menor, teniendo en cuenta, en especial, las situaciones de maltrato, negligencia, explotación o cualquier otra forma de violencia contra el menor, así como las posibles situaciones de riesgo que puedan surgir en el futuro;
  4. la capacidad de los padres o de las personas que se encargarán de la crianza y el cuidado del menor para satisfacer sus necesidades concretas;
  5. el mantenimiento de las relaciones personales con las personas con las que el menor ha desarrollado vínculos afectivos.

A través de maltrato infantil se entiende cualquier acción voluntaria de una persona que se encuentre en una relación de responsabilidad, confianza o autoridad respecto a él, mediante la cual se ponen en peligro la vida, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, la integridad física, la salud física o psíquica del menor, y que se clasifica como maltrato físico, emocional, psicológico, sexual y económico.

A través de Negligencia infantil se entiende la omisión, voluntaria o involuntaria, de una persona que tiene la responsabilidad de criar, cuidar o educar al menor, de adoptar cualquier medida que implique el cumplimiento de dicha responsabilidad, y que ponga en peligro la vida, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, la integridad física, la salud física o psíquica del menor, y puede adoptar diversas formas: negligencia alimentaria, de vestimenta, negligencia en materia de higiene, negligencia médica, negligencia educativa, negligencia emocional o el abandono del menor o el abandono familiar, que constituye la forma más grave de negligencia.

Cualquier persona que sea testigo o tenga sospechas sobre la existencia de un caso de maltrato o negligencia hacia un menor, tiene la obligación de informar a la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia.

A menudo nos preguntan clientes o amigos si tienen derecho a intervenir cuando un progenitor «educa» a su hijo en público humillándolo o agrediéndolo física y verbalmente. La respuesta es que no solo tienen el derecho, sino también la obligación de hacerlo. Pueden inmovilizar al progenitor agresivo y ponerse en contacto con la policía de inmediato. De acuerdo con el artículo 197 del Código Penal – «Poner en grave peligro, mediante medidas o tratos de cualquier tipo, del desarrollo físico, intelectual o moral del menor, por parte de los padres o de cualquier persona a cuyo cuidado se encuentre el menor, se castiga con pena de prisión de 3 a 7 años y la inhabilitación para el ejercicio de determinados derechos.»

Por lo tanto, si es testigo de una situación de este tipo, no solo estaría presenciando la violación de los derechos de ese menor (el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad física y psíquica), sino que sería testigo de un posible delito. Por ello, con mayor razón tiene la obligación de intervenir y de informar a las autoridades competentes.

*Nuestros servicios en este ámbito pueden consultarse aquí.

(20 Votos)